El abogado de Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.
En un escrito de 15 páginas, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles «carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado», teniendo en cuenta que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad y que el cantante tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos.
Considera que, en todo caso, la denuncia debía haber sido interpuesta en República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía «debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional».
«Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión», critica el letrado, que apunta a que la propia organización que ha presentado la denuncia en nombre de las víctimas, Women’s Link, «ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación».
Para Choclán «no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente».
Abogado reclama personarse en la investigación
El abogado también reclama que se le permita personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia, con independencia de que aún no exista un procedimiento judicial, para poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, «que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía».
De este modo, añade, se podría acreditar «la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado, sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso».
Choclán lamenta que su cliente sea conocedor de los hechos que se le atribuyen a través de la información que las denunciantes realicen en los medios de comunicación «mediante la filtración de la denuncia y la concesión de entrevistas a un medio de comunicación determinado, de la que se han hecho eco múltiples medios de comunicación con el consiguiente perjuicio reputacional», en referencia a la publicación en el Diario.es de la investigación con la que se dieron a conocer los hechos denunciados.
«En esta situación, no podrá invocarse la necesidad de la reserva de la información en protección de una supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la difusión pública de la denuncia a través de una Asociación cuyo asesoramiento legal, según se dice, ha sido aceptado por las denunciantes», argumenta el letrado.
A su juicio, «parece evidente que aquél contra el que se dirige la denuncia debe tener la posibilidad de intervenir en el procedimiento, ya en la propia fase de diligencias de investigación de la Fiscalía, y no remitirle a que la información la vaya obteniendo a través de los medios de comunicación».
«Las supuestas víctimas no pueden pretender al mismo tiempo dar publicidad a su denuncia, concediendo entrevistas (en el supuesto de que lo hubieran hecho), y acto seguido invocar su necesidad de protección o reserva, lo que supondría una anómala situación procesal», abunda el escrito.
Para el abogado, al no haberse mantenido «la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer».
Argumenta además que el legislador no ha previsto la posibilidad de que las diligencias del Ministerio Fiscal puedan ser declaradas secretas y señala que el hallazgo de indicios de criminalidad para la adopción de esta medida habrían motivado el ejercicio de la acción penal.
